“La Amazonía colombiana es un tesoro ecológico que se encuentra amenazado por la creciente deforestación. Las cifras son preocupantes y nos obligan a actuar de inmediato”.

Con esta frase la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instaló y participó en Bogotá el taller “Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Región Amazónica”, a la que el Ministerio Público convocó a más de 30 entidades del orden nacional y a los departamentos que componen la región de la Amazonía, para analizar y buscarles soluciones a esta crisis ambiental.

Cabello Blanco sostuvo que “a pesar de los avances alcanzados, tenemos muchos retos y deficiencias en la gestión interinstitucional y su implementación en los territorios para luchar contra la deforestación en el país”.

La Procuradora enfatizó también en la importancia de construir soluciones en armonía institucional y plantear acciones de incidencia que garanticen la protección, preservación, conservación y recuperación de los territorios que están siendo amenazados por la construcción de infraestructura ilegal, la ganadería extensiva, especialmente en Parques Naturales Nacionales (PNN), entre otras actividades.

Igualmente dio a conocer que de la información reportada por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, se estima que la deforestación de la Amazonía colombiana equivale a 76,2 mil hectáreas y además ubica a Colombia como el segundo registro más elevado de pérdida de bosque primario en su Amazonía, con casi 140 mil hectáreas deforestadas, un 53% más que en 2019.

Según datos oficiales del año 2020, la mayor superficie deforestada se encuentra en la región amazónica, casi el 63,7 por ciento del país, en la región Andina el 17 por ciento y Caribe y Pacífico con casi un 7 por ciento.

Durante su intervención, la Procuradora hizo un llamado a velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reiteró que “no podemos permitir que nuestra niñez esté viviendo en medio de un escenario de actividades ilegales que día a día acaban con nuestros recursos naturales”.

Así mismo, se refirió a la importancia de incluir el enfoque de derechos humanos de las mujeres en el desarrollo de las acciones tendientes a disminuir la deforestación del territorio nacional, y agregó que “es prioritario entender la importancia de fortalecer su rol como cuidadoras y protectoras del ambiente”.

En este sentido, pidió a las autoridades presentes en la Mesa tener en cuenta que este enfoque debe ser transversal a las diferentes políticas y acciones diseñadas para contrarrestar la deforestación.

En este espacio, la Procuradora Margarita Cabello Blanco, presentó algunas recomendaciones expedidas desde el Ministerio Público:

• Insistir en que la problemática de deforestación no es un asunto exclusivo del sector ambiental. Por lo anterior que se ha instado a todos los sectores y actores para que se articulen en torno a un plan de acción exclusivo para la región amazónica que responda a las diferentes problemáticas de carácter ambiental, social y económico de esta región.
• Al mismo tiempo se insiste en la implementación del “Registro de Áreas Deforestadas”, teniendo en cuenta que este instrumento tiene como objetivo contribuir a la identificación de las acciones que deben adelantar las diferentes entidades con competencia para prevenir, investigar y sancionar la deforestación. Así mismo, se busca que este instrumento permita establecer las acciones tendientes a la recuperación integral de los predios y las áreas afectadas por el fenómeno, vinculando para esto a las comunidades asentadas en estas áreas y a sus alrededores.
• Se recomienda, también, el manejo forestal sostenible del bosque natural y el desarrollo regulatorio adecuado de los modos de concesión y asociación para su realización, lo cual es apremiante. Asimismo, deben fortalecerse iniciativas innovadoras que trasciendan del tradicional esquema de comando y control, pero al amparo de la regulación vigente.
• Resulta urgente avanzar en la formalización de la tenencia de la tierra por parte de campesinos en bosques naturales, sujeta a condiciones verificables de cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, esfuerzo al que deben sumarse los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.